Ante el escenario económico actual, las empresas han buscado fórmulas diferentes y a menudo creativas para optimizar su actividad y llevar a cabo inversiones más eficientes.
A lo largo del 2018 ya se ha podido notar una recuperación económica y una tendencia a la estabilización cada vez más consolidadas, y en el primer trimestre de 2019 la facturación industrial creció en marzo un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero el crecimiento industrial se está topando con unas barreras que hace ya un tiempo que se manifiestan: Cada vez escasean más las naves industriales en buenas condiciones y de gran tamaño. De hecho, el estado de la nave se ha convertido en un factor determinante en la compraventa o alquiler.
Por ello, y especialmente a la hora de comprar, el nuevo propietario quiere analizar mucho más a fondo el inmueble, para conocer todos sus pros y contras desde el punto de vista normativo, por lo que solicitan una auditoría normativa para asegurarse de que no hay ninguna incompatibilidad con la actividad que quieren desarrollar, o que la adaptación de esta a la normativa correspondiente no requerirá inversiones excesivamente elevadas.
¿QUÉ SITUACIONES DE INCOMPATIBILIDAD PUEDEN HABER?
Según Tectram Enginyers, especialistas en auditoría normativa, cada vez más empresas solicitan este servicio para descartar escenarios de incompatibilidad y analizar los factores legales en cada caso, para cuantificar, minimizar y optimizar la inversión. Las incompatibilidades que se pueden encontrar son básicamente:
- Situaciones de incompatibilidad normativa en las que se pone de manifiesto que el de la actividad en la nave industrial es directamente incompatible con la normativa vigente. Algunos casos:
- Incompatibilidad urbanística
- Incompatibilidad de carácter normativo, por ejemplo el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales prohíbe la instalación de una actividad con alto riesgo de incendio en una nave Tipo A.
- Situaciones que exigen una elevada inversión en implantación de medidas correctoras. Es decir, situaciones en las que, aunque no haya una incompatibilidad de carácter normativo, la adaptación a la normativa sí que requiere una inversión económica muy elevada.
- Situaciones que imponen condicionantes físicos que imposibilitan el desarrollo de la actividad que se quiere llevar a cabo. Sería una variante del punto 2, ya que son situaciones en las que la aplicación de la normativa exige la implantación de una serie de medidas correctoras que pueden comprometer la distribución y/o la configuración de los espacios y el desarrollo de la actividad.
El hecho de analizar las posibilidades de adaptación a la normativa de la nave industrial permite a las empresas calcular la inversión necesaria de forma mucho más precisa, incluso replantearse la adecuación de la nave en concreto, según la actividad que quiera llevar a cabo.
Fuentes: Masachs, Tectram Enginyers
